Posteado por: alpe | septiembre 22, 2007

Modificatoria de la Ley del Libro

AÑO DEL DEBER CIUDADANO 

Señora Doctora
Beatriz Merino Lucero
DEFENSORA DEL PUEBLO 

De nuestra mayor consideración: 

Considerando:

1) Que quienes suscribimos la presente queja, ALIANZA PERUANA DE EDITORES-Editores Independientes, Universitarios y Autónomos, fundada recientemente como asociación civil sin fines de lucro, incluye entre sus objetivos los siguientes:

1-Promover el desarrollo de la industria editorial nacional.

2-Velar por la libre circulación del libro y de los productos editoriales afines en el territorio nacional y en el ámbito internacional.

3-Fomentar la cultura del libro y el hábito de la lectura como factores esenciales para el desarrollo integral del ser humano y la construcción de una sociedad de ciudadanos.

4-Contribuir de manera efectiva a la democratización del libro y la lectura en el Perú como medio para propiciar, en concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el respeto al derecho de todo ciudadano de tomar parte, libremente, en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

5-Fomentar la bibliodiversidad —expresión de la diversidad cultural por medio del libro y otros productos editoriales afines—, como garantía de la pluralidad de contenidos y planteamientos literarios, artísticos y científicos en un mundo que se enfrenta a los retos de la globalización.

6-Asumir la representación de sus asociados ante los organismos públicos, estatales y privados, tales como el Consejo Nacional de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura-PROMOLIBRO, Instituto Nacional de Cultura, Ministerio de Educación, Biblioteca Nacional del Perú, PromPerú, Cámara Peruana del Libro, entre otros organismos competentes, y ante los medios de comunicación y la opinión pública.

2) Que nuestra Asociación ha constatado que, no obstante la dación de la Ley Nº 28086, llamada Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, promulgada por el Poder Ejecutivo  el día 10 de octubre de 2003, y cuya aplicación ha sido normada mediante el DS Nº 008-2004-ED, Reglamento de la Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, la situación de la lectura y del sector editorial y librero es de aguda crisis y postergación en el país, atendiendo a los hechos siguientes:

—Entre el 2003 y el 2007, el Perú sigue teniendo uno de los índices más bajos de lectura per cápita del continente.

—Entre el 2003 y el 2007, la oferta editorial formal sigue fuertemente afectada por la piratería y la recesión, de tal manera que continúa registrándose un decrecimiento del capital total invertido en editoriales ni librerías, al punto de no existir librerías en gran parte del territorio nacional.

—Entre el 2003 y el 2007, la oferta editorial pirata sigue duplicando sus ingresos y extendiendo su influencia en condiciones de completa impunidad. Sus ventas estimadas superan US$ 12 millones, mientras las venta formal de libros apenas alcanza la mitad de dicha suma.

—A los factores adversos ya descritos se añade la competencia desleal del Estado desde fondos editoriales subsidiados, la impune proliferación de la reprografía y la comprobada ineficacia de organismos llamados a defender los derechos de autor como INDECOPI.

—Como consecuencia, no hay una oferta editorial competitiva, actualizada y que permita la difusión de nuevos talentos y no hay un incentivo real al sector editorial, generándose de este modo un serio obstáculo para el desarrollo de la creatividad cultural en nuestro país.

3) Que además de no haber logrado cumplir su finalidad, la llamada Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, también constatamos la no aplicación de esta ley en muchos de sus puntos y, sobre todo, que su Reglamento incluye medidas erróneas de índole no sólo ineficaz sino perjudicial para nuestros representados, como detallamos a continuación. 
 
ALIANZA PERUANA DE EDITORES-

Editores Independientes, Universitarios y Autónomos

Objeciones a la Ley Nº 28086 Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura y al DS Nº 008-2004-ED, Reglamento de la Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura 

En la ley leemos: 

TÍTULO IV
MEDIDAS DE PROMOCIÓN E INCENTIVOS

CAPÍTULO I

BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EDITORIAL

Artículo 18°.- Crédito Tributario por reinversión

Durante 12 (doce) años, a partir del 1º de enero del año siguiente de la vigencia de la presente Ley, las empresas a que se refiere el numeral 1 del artículo anterior, que reinviertan total o parcialmente su renta neta, imponible, determinada de conformidad al TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, y su Reglamento, en bienes y servicios para el desarrollo de su propia actividad empresarial o en el establecimiento de otras empresas de estos rubros, tendrán derecho a un crédito tributario por reinversión equivalente a la tasa del impuesto a la renta vigente, aplicable sobre el monto reinvertido, de acuerdo a Ley.

Las empresas que ofrecen servicios de preprensa y las de industria gráfica gozarán de este beneficio, siempre que participen en la realización de proyectos editoriales amparados por la presente ley.

El plan de reinversión será aprobado por el Sector correspondiente. Las características de los programas de reinversión, la forma y condiciones para el goce del beneficio a que se refiere el presente artículo, se señalan en el Reglamento de la presente Ley.”

Respecto a este dispositivo de la Ley Nº 28086, el DS Nº 008-2004-ED, Reglamento de la Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, ha dispuesto un procedimiento complejo y desalentador, que ha dado lugar a un ausentismo empresarial. Los requisitos que permiten a una empresa “calificar” para el reintegro tributario no consideran en forma realista la situación de las empresas editoriales y libreras. Es tan poco benéfico el mecanismo creado por el Reglamento que, hasta la fecha, sólo ha sido presentada una solicitud de acceso a dicho beneficio, por parte de una empresa editora de textos escolares. Todo el articulado de la sección del Reglamento dedicada al Crédito Tributario por Reinversión (artículos 24º al 36º) debe ser rehecho considerando las necesidades del sector en su conjunto. Demandamos que tenga acceso al crédito tributario directo todo empresario editorial o librero que mediante la reinversión de utilidades amplíe o modernice su infraestructura de producción y/o servicios. El crédito tributario por reinversión también debe favorecer la participación asociada en proyectos editoriales de empresas de otros rubros afines, como impresores y libreros. La ley actual no considera estas uniones.  

En la ley leemos:  

Artículo 19°.- Del Impuesto General a las Ventas

19.1. Exonérese del Impuesto General a las Ventas la importación y/o venta en el país de los libros y  productos editoriales afines.

19.2 La exoneración dispuesta en este artículo regirá por un período de doce años contados a partir de la vigencia de la presente ley.

19.3 En el Reglamento se dictarán las normas complementarias para la mejor aplicación del presente beneficio.”

En el Artículo 44º del DS Nº 008-2004-ED, Reglamento de la Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, se tergiversa la finalidad de la ley al disponer que los libros y productos editoriales afines exonerados del IGV, enlistados en el Anexo B del mismo Reglamento, no contemplan un importante conjunto de productos editoriales afines al libro que deben merecer la exoneración, tales como los libros hablados (fonogramas que contengan libros para ser auditados), libros digitales, partituras musicales y guías turísticas. El anexo B los excluye de dicha exoneración, no obstante indicarse en la Ley 28086 (Título I, Artículo 5º, inciso 30), señala, a la letra, que estos son: “las publicaciones periódicas no noticiosas, los fascículos coleccionables y las publicaciones en sistema braille, que en todos los casos sean de contenido estrictamente científico, educativo o cultural. Asimismo las guías turísticas y las publicaciones de partituras de obras musicales”. Demandamos ampliar las precisiones que hace el Anexo B del Reglamento en exacto cumplimiento del mandato de la ley. 

En la ley leemos:  

Artículo 20º.- Reintegro Tributario

20.1  Los editores de libros tendrán derecho a un reintegro tributario equivalente al Impuesto General a las Ventas consignado separadamente en los comprobantes de pago correspondientes a sus adquisiciones e importaciones de bienes de capital, materia prima, insumos, servicios de preprensa electrónica y servicios gráficos destinados a la realización del Proyecto Editorial.

20.2  El reintegro tributario se hará efectivo mediante Notas de Crédito Negociables o cheques no negociables.

20.3  Los requisitos, oportunidad, forma, montos mínimos, procedimiento y plazos a seguir para el goce de este beneficio serán establecidos en el Reglamento.

20.4  El beneficio dispuesto en este artículo regirá por un periodo de doce años contados a partir de la vigencia de la presente ley.”

Esta disposición ha sido normada mediante el DS Nº 008-2004-ED, Reglamento de la Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, de tal manera que cada editor debe obtener un CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE USO DE INSUMOS  Y/O SERVICIOS SUJETOS  A REINTEGRO TRIBUTARIO, cuyo trámite tiene un plazo de 30 días hábiles después de ingresada la documentación de sustento. Obtener dicho certificado requiere, fundamentalmente:

1.- Que los gastos indicados en los documentos no hayan sido utilizados en la ejecución del proyecto, o hayan sido utilizados en más de un proyecto.

2.- Que los gastos sean anteriores al registro del programa.

3.- Que el valor del IGV consignado en el comprobante que sustenten los gastos, por los que se solicita reintegro tributario, se sean inferiores al 0.25 de la UIT. (Para el ejercicio 2007, este importe es equivalente a S/.862,50).

4.- Que el valor del IGV reclamado por el editor de libros sea inferior a la UIT del ejercicio vigente.

Esto significa que las facturas por servicios editoriales y/o gráficos que se presenten para la devolución del IGV (reintegro al editor) deberán presentar un valor de IGV mayor al 0,25 de UIT, porcentaje que equivale, actualmente, a 862,50 nuevos soles. De esta manera, además de tener que documentar cada proyecto editorial en forma aislada, sólo las facturas que excedan de un monto de S/. 1.445,69 (un mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 69/100 nuevos soles) serán las que permitan al editor obtener el reintegro del IGV pagado por este en el proceso de producción de sus libros y/ productos editoriales afines. Esta consideración no toma en cuenta la multiplicidad de pequeños servicios que forman la mayor parte de la contabilidad mensual de una empresa del sector.

Por otro lado, este presunto beneficio no es automático. Está sujeto a auditoría y verificación de la SUNAT. Por ende, los trámites que se debe cumplir cada empresa editorial o gráfica ante la SUNAT son muy complicados y esta entidad pública no está cumpliendo con los plazos establecidos por ella misma. Si bien la SUNAT ha publicado una norma que establece que dentro de los 45 días útiles posteriores a la presentación de la solicitud de reintegro tributario (contradiciendo el Reglamento de la ley que dispone 30 días) hará la fiscalización correspondiente y pagará al editor el monto del reintegro solicitado siempre que encuentre la documentación en regla, en concreto pasan no menos de 60 días útiles desde la presentación del formulario 4949 antes que la SUNAT nombre al auditor a cargo de la fiscalización previa al pago.

En conclusión, todo este procedimiento, además de ser engorroso y exigente de un largo plazo de tramitación, está dando lugar a que los propios editores se desalienten y no hagan uso de él, por no considerar en forma realista el monto efectivo de los proyectos editoriales en un medio en crisis como el nuestro. Nuestra propuesta es, por razones de emergencia del sector editorial, beneficiar con este incentivo al volumen total anual de la reinversión empresarial y no según cada proyecto en forma aislada. 

En la ley leemos: 

Artículo 21°.- Aranceles preferenciales a las importaciones

El Régimen de aranceles preferenciales a las importaciones de bienes para el uso exclusivo de la industria editorial del libro, será aprobado por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.”

Esta disposición de la Ley 28086 fue omitida en el DS Nº 008-2004-ED, Reglamento de la Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura. Del texto de la ley se desprende que debía estar considerada en forma prioritaria en dicho Reglamento y en una disposición específica del Ministerio de Economía y Finanzas.

Quienes se han opuesto al otorgamiento de este beneficio, que claramente favorecería a los lectores de todo el país, son los integrantes del gremio de industriales de las artes gráficas, quienes a través del Ministerio de la Producción han impedido que se dicte la norma que establecería la exoneración de los aranceles a la importación de libros. Este lobby no hace sino favorecer los intereses de unos cuantos empresarios gráficos quienes so pretexto de defender la industria nacional están lesionando el bien común, pues es inimaginable que la industria gráfica peruana logre sustituir mediante libros impresos en el país los cientos de miles de libros que produce la industria editorial en lengua española y en otras lenguas cada año.

El actual régimen de aranceles afecta no sólo la importación de libros sino también la de muestras remitidas a destinatarios domiciliados en el país desde el extranjero.

El Perú es el único país de América Latina que grava la importación de libros con aranceles. 

En la ley leemos: 

Artículo 23°.- Tarifa postal preferencial

Los libros y productos editoriales afines, editados y/o impresos en el Perú podrán gozar de tarifa postal preferencial, de acuerdo a los convenios que se suscriban con las empresas concesionarias del servicio postal.”

Este artículo no se cumple en absoluto, siendo un factor hondamente perjudicial para la distribución del libro a nivel nacional y para la exportación de nuestra producción bibliográfica. Es más, al privatizar el servicio de correos, el Estado otorgó una absurda situación de monopolio en favor de una empresa probadamente ineficiente, la misma que ha excluido del servicio postal los envíos terrestres. Por consiguiente, el Perú es el único país del continente que sólo tiene tarifa postal por vía aérea y carece de tarifa especial para impresos. Exigimos que mediante una disposición sectorial especial se dispongan tarifas que se sitúen en el 50% de la tarifa normal para el caso de los libros y productos editoriales afines.

La ley del libro omitió darle a este beneficio un plazo de vigencia, por lo que ha devenido en inaplicabilidad desde el 1 de enero de 2007. El Reglamento debe subsanar esta omisión. 

En la ley leemos: 

Artículo 24°.- Exoneración del impuesto a la renta a las regalías por concepto de derechos de autor

Están exoneradas del pago del Impuesto a la Renta las regalías que por derechos de autor perciban los autores y traductores nacionales y extranjeros, por concepto de libros editados e impresos en el territorio nacional.”

El decreto que debería poner en práctica esta nueva excepción al Decreto Supremo N° 054-99-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, nunca fue dado, ocurriendo de este modo un perjuicio y una burla a las expectativas de los escritores peruanos.

Contradiciendo totalmente lo dispuesto por la Ley Nº 28086, la SUNAT exige que los autores domiciliados en el país obtengan un RUC que los califique como perceptores de renta de tercera categoría, como si se tratara del desarrollo de una actividad empresarial, y que emitan facturas de esta calificación a la fuente de emisión del pago (por lo general el editor o la empresa editorial). Por otro lado, se excluye por completo de este mecanismo a los autores y traductores domiciliados en el extranjero. Demandamos que cese la exigencia de la SUNAT. Debe bastar con que el proyecto editorial haya sido correctamente registrado en la Biblioteca Nacional para que todo autor o traductor, nacional o extranjero, alcance el goce de tal exoneración.

La ley del libro omitió darle a este beneficio un plazo de vigencia, por lo que ha devenido en inaplicabilidad desde el 1 de enero de 2007. El Reglamento debe subsanar esta omisión.  

En la ley leemos: 

Artículo 26°.- Creación de COFIDELIBRO

  1.  
    1. Créase en la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE, un Fondo de Promoción para la edición de libros y productos editoriales afines, COFIDELIBRO.

    2. El reglamento de la presente ley establece la estructura, características, fuentes de recursos financieros, así como el procedimiento y los requisitos de acceso a estos recursos.”

El artículo 52º del DS Nº 008-2004-ED, Reglamento de la Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, establece que “COFIDELIBRO se implementará mediante líneas de crédito destinadas al financiamiento de la edición de libros y productos editoriales afines”. Señala, asimismo, que “La Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) establecerá de acuerdo a la Resolución Suprema N.º 158-93-EF y demás normas que le son de aplicación, el procedimiento y los requisitos para acceder a las líneas de crédito”. Todo esto permanece incumplido. Hasta la fecha no se han creado las fuentes de financiamiento previstas en el llamado COFIDELIBRO, lo que ha impedido a editores y libreros acceder a créditos para hacer frente a una situación de crisis generada en el sector por la recesión económica que ha afectado la economía nacional en los últimos ocho años y por acción de la piratería. Demandamos que al más breve plazo se pongan a disposición de la industria editorial nacional los créditos de COFIDELIBRO, en cumplimiento del mandato de la Ley 28086, considerando, de acuerdo al artículo 27º de la misma que “Son beneficiarios de COFIDELIBRO las personas jurídicas a que se refiere el artículo 17° de la presente ley”, es decir, todos los integrantes de la industria editorial nacional.

La ley del libro omitió darle a este beneficio un plazo de vigencia, por lo que ha devenido en inaplicabilidad desde el 1 de enero de 2007. El Reglamento debe subsanar esta omisión. 

En la ley leemos: 

Artículo 25°.- Fondos editoriales

  1.  
    1. Los fondos editoriales de las entidades del Estado, de las universidades públicas y de las organizaciones no gubernamentales constituyen fondos revolventes destinados a publicar, difundir y promover, a través de la edición del libro, de productos editoriales afines y de formatos electrónicos, la difusión de las ciencias, humanidades y la cultura.

    2. El Congreso de la República, a través de su Fondo Editorial, edita obras que guardan relación con su función legislativa, de representación y de fiscalización y difunden las ciencias, las humanidades y los valores culturales y del patrimonio cultural nacional.

    3. El Estado publica, adquiere y difunde a través del Sistema Nacional de Bibliotecas y con el concurso de los gobiernos locales y regionales, en forma gratuita, libros y productos editoriales afines, con el objeto de enriquecer la cultura nacional y fomentar el interés por la lectura.”

En los artículos 48º al 51º del DS Nº 008-2004-ED, Reglamento de la Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, se trata el tema de los fondos editoriales del Estado. En el artículo 48º se dice que estos son “fondos revolventes” sin aclarar esta terminología. En el artículo 49º se dice que “los recursos que se obtengan por la venta de libros o productos editoriales afines editados por los fondos editoriales a que se refiere el artículo 25º de la Ley deberán destinarse a financiar nuevas publicaciones, así como los gastos necesarios para su edición, impresión y difusión”. El artículo 50º, a su vez, señala que “los fondos editoriales de las entidades del Estado destinarán, como mínimo, el veinte  por ciento (20 %) de cada edición de libros y/o productos editoriales afines al Sistema Nacional de Bibliotecas”. En la práctica, estas disposiciones no se cumplen, mientras se distraen ingentes recursos a la producción y reparto gratuito de publicaciones que sólo apuntan a satisfacer la vanidad de una elite de altos funcionarios. Dado que el Estado ha decidido emprender actividades económicas en el sector editorial en abierta competencia con el sector privado, exigimos que, en forma equivalente a las obligaciones tributarias y reglamentarias que se imponen al editor del sector privado, los fondos editoriales del estado sean periódicamente auditados (al menos una vez al año) con la finalidad de verificar el cumplimiento del mandato de los artículos 48º al 51º del Reglamento. Además se debe definir con precisión qué es lo que significa el término “fondos revolventes”. El resultado de tales auditorías debe ser hecho de conocimiento público a través de PROMOLIBRO.   

En la ley leemos: 

Artículo 34°.- Destino de los libros y productos editoriales afines decomisados

Los libros y productos editoriales afines que sean decomisados por la autoridad competente, serán remitidos a PROMOLIBRO, que determina su distribución a las bibliotecas públicas y/o de centros educativos, previo consentimiento del autor, y en ausencia de éste, previo consentimiento del derecho-habiente o de los titulares de los derechos de autor, determinando así su disponibilidad y de acuerdo al Reglamento.”

Esta disposición se contrapone en forma flagrante al fin explícito de la ley, en su artículo 3º, de promoción y fortalecimiento de la actividad editorial legalmente establecida. A su vez, el inciso 9º del mismo artículo 2º de la Ley 28086, dice, a la letra, que es un objetivo de esa ley “propiciar las condiciones necesarias para incorporar a la legalidad, la producción de libros y productos editoriales afines, que actualmente se encuentren al margen de la misma”. Esto es imposible sin actuar con todo el peso de la ley contra la piratería editorial. Por un lado hacen falta campañas de educación ciudadana en el respeto de la propiedad intelectual como uno de los pilares del desarrollo de las sociedades que aspiran al progreso. Por otra parte es imperativo que se coordine con INDECOPI y el Ministerio Público campañas efectivas de represión de la piratería de libros. Pero resulta un contrasentido que en un país con una producción editorial formal en crisis y amplias necesidades de lectura, se premie a la producción pirata convirtiéndola, en los hechos en la principal fuente de abastecimiento de los catálogos de las bibliotecas públicas.

Demandamos la erradicación de la producción editorial ilegal y que el Estado, disminuyendo el gasto improductivo en fondos editoriales, destine un presupuesto anual para la adquisición de libros destinados nuevos, de editoriales formales, para nutrir la red de bibliotecas públicas. Es urgente que el estado ponga a disposición de los lectores de todo el país libros de la actualidad literaria y científica a través de la red nacional de bibliotecas públicas.  

Estos algunos de los puntos más urgentes que demandamos sean motivo, ante los poderes respectivos, del cumplimiento efectivo de dicha ley. Nuestras demandas se basan en la experiencia verificada en los últimos años y en la legislación comparada con otros países de nuestro continente, frente a la cual, la situación de la actividad editorial peruana se ve fuertemente desfavorecida.  

Por todo lo expuesto, ante Ud solicitamos:

Que dada esta situación, nuestra entidad se ve ante la necesidad de presentar una queja formal ante su despacho, apelamos al respaldo de su despacho para la obtención de una Ley Modificatoria de la Ley Nº 28086 llamada Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, promulgada por el Poder Ejecutivo el día 10 de octubre de 2003, en Palacio de Gobierno y el día 11 de octubre publicada en el diario El Peruano.

Ver enlace a Ley

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